Por HORUS La Columna
Hay aspirantes que se construyen con trabajo, acuerdos y respaldo real. Y hay otros que sobreviven a base de trampolines partidistas y explicaciones que nadie cree. La diferencia se está volviendo cada día más evidente en Chihuahua.
Santiago de la Peña Grajeda, actual secretario general de Gobierno, ha entrado de lleno a la construcción de acuerdos cortos con panistas de peso que validan sus aspiraciones a la alcaldía de Chihuahua capital. No es un secreto: nombres como Martín Vargas Téllez y Fernanda Martínez ya figuran entre quienes ven en él un perfil sólido. Cámaras empresariales y asociaciones sociales también han reconocido su liderazgo y su trabajo concreto por los chihuahuenses. Eso lo coloca, hoy por hoy, en una posición privilegiada para representar al PAN en el municipio.
Uno de los respaldos más claros llegó desde alguien que no se caracteriza precisamente por repartir piropos a cualquiera. Carlos Flores, exsubsecretario de Educación Básica y exrector de la UTCH, considerado de los panistas más críticos, le dedicó un mensaje contundente:
“Amigas y amigos Chihuahuenses, no tengo la menor duda de que Chihuahua requiere lo mejor… Y eso lo representa el Lic. Santiago De La Peña Grajeda, por ello No me queda duda alguna de que es el mejor perfil para encabezar el futuro de Chihuahua y además es el mejor candidato que puede acompañar y garantizar más votos para el triunfo de Marco Bonilla a la Gubernatura de Chihuahua…”
Cuando un crítico de esa estatura habla así, el mensaje es claro. Y precisamente por eso han empezado a llover los ataques. No de la oposición externa solamente, sino de propios y extraños que no digieren la apertura de las dirigencias nacionales del PAN a perfiles ciudadanos que, sin ser cuadros tradicionales del partido, pueden sumar y gobernar bien.
Tal vez —y solo tal vez— los ataques se intensifican porque ven en De la Peña a un aspirante fuerte, difícil de tumbar en la contienda que se avecina. Quien no tiene posibilidades reales rara vez genera tanto ruido. A los derrotados de antemano casi nadie les dedica columnas ni operativos de desgaste.
Del otro lado de la moneda está Cruz Pérez Cuéllar. Aquí los reclamos no son inventos de adversarios nerviosos: son gritos de una ciudadanía fronteriza harta del abandono municipal. Mientras la Federación intenta tapar huecos con programas del bienestar que funcionan como aspirina para un cáncer, en Juárez siguen ardiendo los terrenos y faltan las herramientas básicas para apagarlos.
El último incendio, el de este miércoles cerca del rancho La Campana —histórico territorio ligado al grupo de Amado Carrillo—, en el kilómetro 23 de la carretera Juárez-Casas Grandes, lo dejó en evidencia otra vez. Un basurero clandestino que Protección Civil, Ecología y Desarrollo Urbano parecen no ver, aunque el humo se perciba hasta desde El Paso o Santa Teresa. Tuvieron que movilizar policías municipales y voluntarios de la CLAM, sacándolos de sus funciones prioritarias de resguardo de instalaciones de riesgo, mientras los gendarmes abandonaban el patrullaje para combatir el fuego.
Esta vez ni siquiera hubo conferencia de la diputada Xóchitl Contreras cerca del lugar para que el alcalde con licencia tuviera a quién echarle la culpa. Claudia Morales y César Díaz, de Desarrollo Urbano y Ecología, tampoco aparecieron. Como si esas dependencias no existieran cuando se trata de revisar riesgos en recicladoras, tiraderos clandestinos o el propio relleno sanitario.
Y no es solo el fuego. Los exalcaldes panistas Gustavo Elizondo y Ramón Galindo ya presentaron denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de peculado y uso indebido de facultades por más de 105 millones de pesos. El contrato de renta de ocho máquinas barredoras durante 29 meses (2022-2024) muestra un sobreprecio que llega hasta el 1,400 por ciento por unidad. Se pagaron alrededor de 750 mil dólares (unos 13.1 millones de pesos) por la renta y mantenimiento de cada barredora, cuando en el mercado una similar se adquiere entre 47 y 55 mil dólares. Con lo que costó rentar una sola, se pudieron haber comprado trece para el patrimonio municipal. Las ocho juntas, por menos de 8 millones de pesos.
A eso se suman los escándalos de las residencias donde vive Pérez Cuéllar y su familia, y una trayectoria que parece más un catálogo de conveniencias: panista, luego Movimiento Ciudadano, después el partido de los maestros, el Verde Ecologista y ahora aspirante a la gubernatura por Morena. Cinco partidos y una sola obsesión: llegar a gobernador, sin importar el vehículo.
Mientras unos construyen acuerdos y acumulan respaldos serios, otros se dedican a apagar incendios —literalmente— con lo que no tienen y a explicar contratos que no resisten el menor análisis. La diferencia no es de discurso. Es de resultados… y de expediente.